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Presuntos encubrimientos por censura pagada en Google desde España a la Procuraduría de Panamá

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Corresponsal_Madrid 06 Enero 2022
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@miguelgallardo Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel.  (+34) 902998352 E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

@APEDANICA Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN DE PANAMÁ 

atn. Javier E. Caraballo Salazar y José Antonio Candanedo Chiam en Fiscalía Superior de Asuntos Internacionales Tel: +507 507-3016 Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. y Embajadas de España y Panamá atn. Francisco Javier Pagalday Gastelurrutia y Roberto Eduardo Arango por lo publicado en www.miguelgallardo.es/censura-fiscales-panamenos.pdf 

 

https://cita.es/censura-fiscales-panamenos

Con fecha 5.10.21 se ha publicado en “La Verdad Panamá” que “Ministerio Público admite querella por estafa agravada contra Igor Kokorev” según https://www.laverdadpanama.com.pa/ministerio-publico-admite-querella-por-estafa-agravada-contra-igor-kokorev

El Ministerio Público a través de la Fiscalía Segunda Subregional de Panamá, admitió a trámite la querella contra Igor Kokorev Maleeva presentada por el que fuera abogado de la familia hispanorusa, Ismael Gerli Champsaur y contra una de las abogadas del demandado, María Elena Jurado Domínguez, por un supuesto delito agravado de estafa, según informa el  diario Rombe de Guinea Ecuatorial. El pasado 23 de junio, Ismael Gerli Champsaur, el abogado panameño que se convirtió en el testigo principal del caso contra el clan ruso en España, presentó una querella que le complicaría más la situación en la que se encuentra el hijo del matrimonio de Vladimir Kokorev y Julia Maleeva. De acuerdo con el diario Rombe, padres e hijos están próximos a sentarse en un estrado judicial por un presunto delito de blanqueo de capitales con origen en el tráfico ilegal de armas de guerra y material militar de doble uso con Guinea Ecuatorial. Esto representaría una condena de nueve años para Vladimir y seis para Julia e Igor. A esta querella se suma otra contra los abogados de Igor Kokorev, María Elena Jurado Domínguez y Jorge Gavrilidis, por un presunto delito de injuria y calumnia contra el demandante Ismael Gerli Champsaur, y que también ha sido admitida a trámite por la fiscalía.

La asociación APEDANICA ha tenido conocimiento de la censura pagada que detectó la Fiscalía Anticorrupción de España en el “caso Kokorev” según  puede verse con citas precisas en www.cita.es/censura-encubridora.pdf Nuestra tesis criminalística es que no hay nada más relevante que todo cuanto los investigados pagan por censurar en Internet, y ciertas acciones u omisiones, de Google o la AEPD, pueden ser tipificadas penalmente como encubrimiento, según hemos tratado de explicar a varios fiscales españoles.

 

El “caso Kororev” tiene trascendencia internacional, al igual que los de Alex Saab y Carlos Enrique Gabaldón Vivas, relacionados con las censuras de la empresa española Legal Eraser SL TeBorramos, según puede verse en

https://infodio.com/docs/teborramos-sara-pastor-carlos-enrique-gabaldon-vivas.pdf

https://infodio.com/docs/teborramos-sara-pastor-carlos-enrique-gabaldon-vivas2.pdf  

en relación a la información, en inglés, que pretendían suprimir y sigue publicada en https://infodio.com/060116/pdvsa/trenaco/alex/saab

 

Por lo expuesto, solicitamos un interlocutor en la Fiscalía de Panamá que pueda informar y recibir datos o referencias relevantes, e intervenir contra el encubrimiento por censuras ilícitas en Internet, considerando lo adjunto en https://cita.es/censura-fiscales-uruguayos 

 

@miguelgallardo Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel.  (+34) 902998352 E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

@APEDANICA Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf

 

FISCALÍA del Uruguay atn. Jorge Díaz Almeida y Gabriela Aguirre Grompone Directora del Departamento de Cooperación Internacional Fiscalía General de la Nación Teléfono: +598 2909 2570. Ext. 248 / Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Cc: Embajadas de Uruguay (Ana Teresa Ayala Barrios) y España (José Javier Gómez-Llera y García-Nava) solicitando datos de fiscales y listados de abogados y periodistas corresponsales por lo publicado en www.miguelgallardo.es/censura-fiscales-uruguayos.pdf

https://cita.es/censura-fiscales-uruguayos

La asociación APEDANICA ha tenido conocimiento de la censura de Google y posiblemente, también de la Agencia Española de Protección de Datos AEPD ocultando datos relevantes de la trama uruguaya investigada, desde hace ya varios años, por la Audiencia Nacional, en la llamada “operación LEZO”, así:

www.sudestada.com.uy/articleId__63c402a3-ac31-4e4d-8882-ccac5d919dcf/10893/Detalle-de-Noticia 

En este sentido, alude al impacto que ha tenido el Reglamento General de Protección de Datos (GPRD, por su sigla en inglés) de la Unión Europea en medios de comunicación y periodistas por los pedidos de remoción y desindexación de contenidos de interés público. Fue en esta ley que Google basó su decisión de desindexar la nota titulada “Se afianza vínculo de estudio uruguayo en la trama de la corrupción española", publicada el 1° de junio de 2017, sin decir quién fue el autor de la denuncia ni el motivo de la misma. 

Es muy probable que la censura favorezca a alguno de los mencionados así:

Los diputados de la Asamblea de Madrid Mercedes Gallizo Llamas (Partido Socialista), Eduardo Gutiérrez Benito (Podemos) y Juan Rubio Ruiz (Ciudadanos) presentaron el pasado 25 de mayo ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada una ampliación de la denuncia sobre el caso de corrupción que afecta a la empresa pública madrileña “Canal de Isabel II”.Los dos principales imputados de este asunto son el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y su principal socio Edmundo Rodríguez Sobrino, nombre que resultará relevante a lo largo de toda la historia por su papel de testaferro de González en los negocios turbios que se realizaron en toda América Latina. La denuncia original había sido presentada el 6 de marzo y daba cuenta de los detalles de la malversación de fondos públicos que afectó al erario de la capital española y que, en su sinuoso camino, pasó por dos estudios jurídicos con sede en la Ciudad Vieja de Montevideo: el del uruguayo Oscar Algorta y el del andorrano Ignasi Maestre, titulares de “Algorta & Asociados” e “Igmasa Management” respectivamente. El documento presentado el 25 de mayo tiene ocho páginas, pero se agregan 25 anexos, entre los cuales se encuentra una serie de correos electrónicos enviados a la Asamblea de Madrid por Algorta el pasado 26 de abril. Ese mismo día Sudestada había publicado su segundo informe sobre la corrupción madrileña y sus conexiones uruguayas. El primer informe, publicado el 19 de abril, había dado cuenta de la participación del estudio Algorta en todo el proceso, mientras que el segundo aportaba el nombre del también uruguayo Fernando Belhot y su socio Marcelo Chakiyian. 

 

Nuestra tesis criminalística es que no hay nada más relevante que todo cuanto los investigados pagan por censurar en Internet, y ciertas acciones u omisiones, de Google o la AEPD, pueden ser tipificadas penalmente como encubrimiento, según hemos tratado de explicar a varios fiscales españoles.

 

Por lo expuesto, solicitamos un interlocutor en la Fiscalía del Uruguay que pueda informar sobre lo publicable de la “operación LEZO” en Uruguay, con especial atención a lo presuntamente censurado, según cita textual, y adjuntamos antecedentes ya enviados a la Fiscalía Anticorrupción y Unidad de Cooperación Judicial Internacional de la Fiscalía General del Estado FGE https://www.miguelgallardo.es/censura-encubridora

@miguelgallardo Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel.  (+34) 902998352 E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

@APEDANICA Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf

 

FISCALÍA contra la CORRUPCIÓN y la CRIMINALIDAD ORGANIZADA Atn. Alejandro Luzón y Antonio Romeral solicitando su pronto acuse de lo publicado en www.cita.es/censura-encubridora.pdf  

 

Se ha publicado en EL PAÍS de 28.7.2021 textualmente lo siguiente:

Un matrimonio vecino del número 82 de la calle Pintor Rosales de Madrid, saqueó 120 millones de las arcas del Tesoro de Guinea Ecuatorial mediante la venta a la antigua colonia española de armas, buques y helicópteros, con abultados sobrecostes y la ayuda de familiares y generales del dictador Teodoro Obiang. Vladimir Kokorev, su esposa Julia y sus hijos Igor y Vladimir movieron 679 millones por los hilos de una gigantesca telaraña de sociedades en paraísos fiscales en las que ocultaron durante 15 años su actividad delictiva, según concluye un informe de 500 páginas de la Fiscalía Anticorrupción.

...INFORMES Y ESPIONAJE A UN LETRADO Y DOS PERIODISTAS 

La investigación ha acreditado que Vladimir Kokorev contrató por 140.000 euros a la empresa madrileña de comunicación Consultores Quantumleap (CQL) para borrar de internet las noticias de sus actividades delictivas, publicar informaciones favorables al Gobierno de Teodoro Obiang y publicar un libro, que redactó el periodista Alfonso Merlo (sic), en el que se contradijera la versión periodística, judicial y policial.

 

La empresa CONSULTORES QUANTUMLEAP SL con CIF B82262072 y Objeto social CNAE 7311 - Agencias de publicidad según se ve en

https://www.empresia.es/empresa/consultores-quantumleap/

muy probablemente haya contratado “para borrar de internet las noticias de sus actividades delictivas” a alguna empresa como LEGAL ERASER SL con sus marcas TeBorramos y Honoralia, que compite, al menos, con lo que ofrecen Angélica Parente y Domenico Bianculli de Cyber Lex, Samuel Parra de ePrivacidad, Manuel Moreno de Borrame, o Javier Álvarez de Borrarmisdatos, o Rafael Gimeno-Bayón del Molino de Reputaciononlinelegal, o Miguel Juan Cobacho López de Salir de Internet, o David González Calleja en Delere, o Diego Sánchez en Eliminalia o Juan Ricardo Palacio Escobar de Reputaon Up con dominios en cyber-lex.com eprivacidad.es borrame.es borrarmisdatos.es reputaciononlinelegal.es salirdeinternet.com delere.es eliminalia.com reputaonup.com Pero es especialmente agresiva la que se publicita en Google AdWords con la marca TeBorramos y este anuncio

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La Inspección de la Fiscalía General del Estado, y en ella, al menos, María Antonia Sanz Gaite, Fausto Cartagena Pastor y José Hidalgo García, conocen varias denuncias por acciones y omisiones de fiscales relacionados con la censura pagada a diversos profesionales del amedrentamiento y la coacción para molestar y acosar a quien publica información veraz sobre corrupciones. Señalamos el último Expediente Gubernativo de la Inspección de la FGE con ref. exp. E.G.528.2021 - IF/MH en el que se denuncia la opacidad de la Fiscalía de Valencia en relación a un informe del fiscal Vicente Devesa Barrachina que consideramos indicio racional de conflicto de intereses con ignorancia inexcusable y presuntamente deliberada que evidencia la proliferación de empresas y marcas para la gestión reputacional de presuntos delincuentes corruptos y corruptores. Nos remitimos al recurso de reposición que debe constar en registrado en trámite y publicamos en

Inspección de la Fiscalía General del Estado FGE reposición publicada en www.miguelgallardo.es/fiscal-vicente-devesa-seceto-repone.pdf 

y en ese recurso concluimos que está en cuestión la legalidad de un creciente negocio, extremadamente perverso, que hasta ahora ningún fiscal parece comprender bien”. También precisamos que  “la empresa Legal Eraser SL y TeBorramos Honoralia que muy notoriamente se jacta en de haber censurado ya, desde hace meses, más de 450.000 enlaces de Internet, según puede verse en 

https://cita.es/teborramos-valencia-plaza.pdf 

https://valenciaplaza.com/teborramos-empresa-valenciana-especializada-borrar-contenido-perjudicial-internet#:~:text=TeBorramos%20es%20una%20empresa%20valenciana,para%20empresas%20y%20particulares

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Eso supone un creciente negocio de más de 67.050.000 € (digo más de SESENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA MIL EUROS). Y lo más sospechoso es que según la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ITSS (proponemos como testigos a CONCEPCIÓN SÁNCHEZ PALOMO y JOSÉ MANUEL MORA LARA, ambos funcionarios públicos en la ITSS de Valencia), esa censura masiva se produce con un único empleado, según https://cita.es/legal-eraser-inspeccionada.pdf

 

Los fiscales que hayan conocido que “La investigación ha acreditado que Vladimir Kokorev contrató por 140.000 euros a la empresa madrileña de comunicación Consultores Quantumleap (CQL) para borrar de internet las noticias de sus actividades delictivas, publicar informaciones favorables al Gobierno de Teodoro Obiang y publicar un libro, que redactó el periodista Alfonso Merlo (sic), en el que se contradijera la versión periodística, judicial y policial” deberían preguntarse y averiguar qué ha conseguido borrar de Internet, y cómo consiguió censurar información veraz.

 

La eliminación de contenidos en Internet como la que debe conocer el fiscal que redactó el informe de 500 páginas de la Fiscalía Anticorrupción citado por EL PAÍS es un hecho criminológicamente muy relevante y evidencia una absoluta falta de criterio de la Fiscalía en relación a la censura pagada relacionada con delitos de corrupción. Si los fiscales ignoran deliberadamente la perversión del negocio que ya conoce la Inspección de la FGE contra el espíritu y la letra de la Instrucción 3/2005 publicada en www.cita.es/fiscales-censuradores.pdf

 

Ni siquiera el CNI puede censurar arbitrariamente ningún contenido ni gestionar reputaciones de cargos públicos con fondos públicos, ni menos aún que se cometan delitos de negociación prohibida de funcionarios públicos o tráfico de influencias para censurar. Si nuestra información es correcta, las fiscalas María Teresa Gálvez Díez y Carmen García Cerdá han conocido el negocio de Alejandro de Pedro en las empresas valencianas EICO y MADIVA en las en las diligencias previas 85/2014 del JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6 AUDIENCIA NACIONAL (operación Púnica) que se ha publicado que incluye algún servicio al CNI por 80.000 euros y 20 llamadas telefónicas que deben ser explicadas y justificadas, al igual que toda la censura pagada cada fiscal conozca de hechos ciertos con interés público.

 

APEDANICA está decidida a investigar y publicar toda información relevante sobre censura pagada y además, a pesar de ciertos perjuicios y riesgos que afrontamos, no vamos a perder ocasión de señalar a todo funcionario responsable de que esté prosperando un negocio perverso, que no solamente atenta contra el derecho fundamental a dar y recibir información veraz de interés público, sino que, en ciertos casos, la censura organizada con la complicidad de algunos funcionarios públicos puede tipificarse como encubrimiento al estar cometiéndose mediante una conducta activa (esconder, disfrazar, alterar, inutilizar o tapar) o pasiva (callar hechos conocidos) según los artículos 451 a 454 del Código Penal, en el título de los delitos contra la Administración de Justicia, Capítulo III (del encubrimiento). Hacemos nuestras las palabras de un juez uruguayo que describe muy bien lo que está ocurriendo en últimos años con la censura digital masiva, así:

https://www.sudestada.com.uy/articleId__63c402a3-ac31-4e4d-8882-ccac5d919dcf/10893/Detalle-de-Noticia

En este sentido, alude al impacto que ha tenido el Reglamento General de Protección de Datos (GPRD, por su sigla en inglés) de la Unión Europea en medios de comunicación y periodistas por los pedidos de remoción y desindexación de contenidos de interés público. Fue en esta ley que Google basó su decisión de desindexar la nota titulada “Se afianza vínculo de estudio uruguayo en la trama de la corrupción española", publicada el 1° de junio de 2017, sin decir quién fue el autor de la denuncia ni el motivo de la misma.

“La Relatoría (Especial para la Libertad de Expresión) sostiene que organizaciones de la sociedad civil han denunciado que funcionarios públicos de diversos países están utilizando el ‘derecho al olvido’ para restringir la circulación de información de interés público. En muchos casos, han optado por reemplazar acciones de calumnias o injurias ante los tribunales, por acciones de oposición ante la autoridad de protección de datos personales”, reseña la sentencia.

Asimismo, añade que según la RELE “el derecho internacional de los derechos humanos no protege o reconoce el llamado ‘derecho al olvido’ en los términos delineados por la TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea). Por el contrario, su aplicación en las Américas resulta particularmente problemático a la luz de la protección de la libertad de expresión del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La remoción de contenidos en Internet tiene un impacto evidente en el derecho a la libertad de expresión, tanto en su dimensión individual como social, y en el derecho de acceso a la información por parte del público”.

 

Pero más aún, señalamos todos los procedimientos de la Agencia Española de Protección de Datos AEPD que, bajo la dirección de Mar España Martí parecen tener como único fin que no se puedan conocer delitos, abusos y negligencias de funcionarios públicos, ni siquiera cuando han sido condenados por delitos de corrupción, y tampoco nada de las muy agresivas técnicas de empresas como LEGAL ERASER SL con sus marcas TeBorramos y Honoralia. Proponemos investigar todas las resoluciones de la AEPD similares por su fin a la que puede verse en

https://cita.es/teborramos-inicia-sancionador-aepd.pdf

 

Si existe un “derecho al olvido”, también debe respetarse el derecho a recordar y publicar hechos relevantes con los nombres de los funcionarios responsables y también de quienes hacen negocio con la censura masiva vendiendo miles de supresiones de enlaces en Internet. Lo que ninguna sociedad decente puede permitir es el encubrimiento por medio de la censura, primero en Google y después en la AEPD. 

 

Hasta ahora no hemos conseguido que ningún fiscal mire en su móvil o en un PC lo que debería ser público, pero está censurado por un entramado de empresas que, como parece ser el caso de CONSULTORES QUANTUMLEAP SL con CIF B82262072 y Objeto social CNAE 7311 - Agencias de publicidad   o las que compiten, como como extremadamente agresiva LEGAL ERASER SL con sus marcas TeBorramos y Honoralia, pero también se subcontratan entre sí y actúan con la connivencia, o algo mucho peor aún que la connivencia, de varios funcionarios públicos que participan activamente en el presunto encubrimiento censurando, incluso, ciertas noticias de condenas por corrupción en sentencias firmes.

 

APEDANICA y personalmente su presidente están siempre a la disposición de todo fiscal que detecte censura presuntamente ilegal que sirva para encubrir delitos o hechos criminológicamente relevantes, y estamos proyectando un sistema heurístico para la peritación eficaz de censura en Google que creemos que debiera servir para combatir el crimen organizado y la corrupción tecnológica más reciente.

 

Por lo expuesto, solicitamos cuanto la Fiscalía Anticorrupción pueda documentar sobre la noticia citada “ut supra” y cuanto pueda conocerse de lo censurado por quienes contratase Vladimir Kokorev “DE OMNI RE SCIBILI”, e instamos a la Fiscalía a requerir a la Agencia Española de Protección de Datos AEPD todo cuanto exista sobre censura pagada que encubra criminalidad organizada o corrupción, y autorizamos expresamente el acceso y la copia,  incluso la publicación de todo cuanto nos consta que nos afecta como interesados legítimos en los procedimientos de la AEPD relacionados con la censura de hechos  presuntamente delictivos, por ser Justicia que pedimos.

OTRAS REFERENCIAS RELEVANTES Y VERIFICABLES

 

Censura de sentencias publicadas en el Tribunal Constitucional

https://cita.es/gava/d2.pdf 

Juzgado de Gavá Search Console - CITA https://cita.es › gava

PDF 20 ago 2021 — FISCALÍA ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Fiscal de Sala Jefe: Pedro Crespo Barquero. Teniente Fiscal: CESADO - VACANTE. Teléfono: 915931805

Inspección de la Fiscalía General del Estado FGE - Miguel A ...

http://www.miguelgallardo.es › fiscal-jose-francisc...

PDF 25 mar 2021 — delito tan repugnante como la censura pagada, acaban favoreciendo a quien lo cobra y lo publicita en Google. El escrito de la fiscal Yolanda Domínguez Blasco 

google-fape.pdf - CITA

http://www.cita.es › google-fape

PDF Federación de Asociaciones de Periodistas de España FAPE ... Google censura y discrimina con “ SHADOWBANNING ” contenidos que no le conviene que se conozcan ...

senado.gov.co - Miguel A. Gallardo

https://miguelgallardo.es › alex-saab-senado

Subject: Desde Madrid para Fiscalía de Colombia y solicitud sobre ALEX SAAB ... litigios por oponernos a la censura pagada y publicitada en Google.

aepd-censura-funcionario-condenado-reponiendo.pdf

https://www.miguelgallardo.es › aepd-censura-fun...

PDF 6 jul 2018 — Atn. Directora Mar España Martí, Secretaria General Mónica Bando ... Pérez Sanjuán y Jesús Rubí Navarrete por recurso de reposición ...

Abogados de Google reconocen haber censurado datos de ...

https://www.actualidadiberica.com › madrid › 445-aboga...

16 may 2021 — Lo más cierto es que TeBorramos publicita sus servicios de censura garantizada en anuncios de Google AdWords y ya ha desarrollado todo un ...

Dr Ing Miguel Ángel Gallardo Ortiz (PhD) - LinkedIn

https://es.linkedin.com › pulse › rector-y-webmaster-del-d...

20 may 2021 — RECTOR y Webmaster del dominio de la Universidad por CENSURA DE GOOGLE en el ... Hemos detectado censura arbitraria de Google LLC e incluso …

APEDANICA denuncia ante la Comisión de Arbitraje, Quejas ...

https://nuevaprensaamerica.com › 2021/09 › apedanica...

16 sept 2021 — RECTOR y Webmaster – Miguel A. Gallardo ... APEDANICA preguntará a CEO de Google España sobre censura en resultados de búsqueda

google-metabuscador.pdf - CITA

http://www.cita.es › google-metabuscador

PDF Google censura y discrimina con “ SHADOWBANNING ” contenidos que no le conviene que se conozcan, y de la misma manera que vende publicidad, también gestiona

webmaster-censorship.pdf - CITA

http://www.cita.es › webmaster-censorship

15 may 2021 — To the Webmaster of the news digital media concerning censorship of Google search results in May 2021. Open · letter published at ...

 

Para dar y recibir información veraz o referencias sobre censura inmoral o delictiva pagada y contra propaganda mendaz en libelos digitales denunciables (“fake news”):

 

@miguelgallardo Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel.  (+34) 902998352 E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

@APEDANICA Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf

POST DATA: Hemos conseguido los autos judiciales 

https://cita.es/auto/kokorev-procedimiento-abreviado.pdf

https://cita.es/auto/kokorev-apertura.pdf

 

Buscamos más resoluciones de Juzgados y Tribunales cuyos nombres de investigados o condenados hayan conseguido ser censurados por Google, Agencia Española de Protección de Datos AEPD o cualquier otra autoridad censuradora en cualquier país del mundo, y en cualquier idioma en el que podamos detectar censura por “derecho al olvido” por lo publicado en www.miguelgallardo.es/censura-fiscales-panamenos.pdf 

https://cita.es/censura-fiscales-panamenos

 

https://twitter.com/APEDANICA/status/1475899995878576128 

https://www.linkedin.com/posts/dr-ing-miguel-%C3%A1ngel-gallardo-ortiz-phd-40b22916_asociaci%C3%B3n-apedanica-on-twitter-activity-6881666518233423872-LCQA

https://www.miguelgallardo.es/censura-fiscales-uruguayos.pdf 

https://cita.es/censura-fiscales-uruguayos

 

Agencia Española de Protección de Datos AEPD en PS/00485/2021 

Atn. Directora Mar España Martí, secretaria general Mónica Bando Munugarren,  instructor Ángel Carralero Fernández y secretaria Cristina Gómez Piqueras alegaciones publicadas en www.miguelgallardo.es/aepd-alegaciones-censura.pdf 

alegaciones publicadas en www.miguelgallardo.es/aepd-alegaciones-censura-2.pdf

 

COMISIÓN DE ARBITRAJE, QUEJAS Y DEONTOLOGÍA DEL PERIODISMO en comisiondequejas.com con copia  a presscouncils.eu europeanjournalists.org  y decano de la Facultad de Periodismo (CC Información) DOCUMENTO publicado en www.cita.es/ultracensura-fape.pdf 

 

EXTRAGOOGLE METAGOOGLE ULTRAGOOGLE Y FUERA DE GOOGLE Un proyecto heurístico de APEDANICA  Tel. (+34) 902998352

BUSCANDO SOCIOS en www.cita.es/google-metabuscador.pdf 

 

“Out and beyond GOOGLE” Extragoogle Metagoogle Ultragoogle 

Heuristic metasearching project of APEDANICA  Tel. +34 902998352

LOOKING FOR PARTNERS at www.cita.es/google-metasearching.pdf 



@miguelgallardo Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel.  (+34) 902998352 E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

@APEDANICA Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf