Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS
Atn. Superintendente Eco. Iván Lucich Larrauri y Pamela Paliza Romero
Solicitud publicada en www.cita.es/sunass-transparencia.pdf
Desde Madrid, como mejor proceda por LEY Nº 27806.- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Perú, solicitamos lo siguiente:
1º Poderes, competencias o relaciones que haya tenido César Acuña Peralta por sus cargos públicos (alcalde de Trujillo, gobernador de La Libertad, congresista u otros, en especial, como presidente que fue de la Asociación de Municipalidades del Perú AMP), así como referencia de los expedientes y asuntos en que, directamente o a través del Partido Alianza Para el Progreso APP, o sus múltiples empresas, estuvieran en alguna relación con SUNASS.
2º Cualquier dato o referencia de lo que relacione a SUNASS con la empresa de capital principalmente francés del Grupo internacional Suez denominada “Aguas de Barcelona” AGBAR que tiene su sede en Madrid, así como con las demás empresas y consorcios en los que Suez participe en asuntos, servicios, proyectos, instalaciones, consorcios o concesiones sometidas a la LEY Nº 27806. Se han publicado, entre otras muchas, las siguientes referencias relevantes:
http://repositorio.unp.edu.pe/handle/UNP/667
Agbar es un referente internacional con presencia en nueve países: España, Chile, Reino Unido, México, Cuba, Colombia, Argelia, Perú, Brasil, Turquía y EEUU. Agbar se adecua a las necesidades de las sociedades en las que participa para ofrecer su mejor servicio a 25,6 millones de personas, diariamente.... Esta sociedad se debió al interés de ambas empresas (Graña y Montero y Agbar) en ingresar a trabajar en este rubro que es nuevo para ambas e ir ganando mercado ya que anteriormente GyM había trabajado para SEDAP AL en obras de saneamiento como instalación de la red de agua potable y alcantarillado, la construcción de Planta de tratamiento de agua potable y residuales (PTAP y PTAR). Actualmente en la ciudad de Lima, SEDAP AL ha contratado los servicios de LAC y 02 empresas para tercerizar la prestación del servicio para la ejecución del sistema integral de las actividades comerciales (SIAC), de tal manera de abarcar toda la capital.
El Consorcio Lima Actividades Comerciales (LAC) es una empresa que realiza trabajos de suministro e instalación de medidores, mantenimiento inicial, las acciones coercitivas y la gestión integral de la unidad de medición. LAC nace de la unión de dos empresas pertenecientes a la Corporación Graña y Montero como son GyM y GMD, y como Asesor de ellos a Agbar (Aguas de Barcelona).
Se da la circunstancia de que César Acuña Peralta comparte con Aguas de Barcelona AGBAR y su fundación AGBAR servicios del abogado Jesús Sánchez Lambás, y que ambos mantienen una demanda civil contra nosotros, interesándonos todo cuanto se pueda conocer sobre sus asuntos de relevancia pública, con datos, referencias, contactos o procedimientos útiles para documentar sujetos, objetos, relaciones y normas aplicables, considerando los antecedentes y las referencias verificables de tal relación, pública y notoria.
3º Las empresas participadas por el Grupo Suez como Aguas de Barcelona AGBAR con su Fundación AGBAR, Aguas de Valladolid, AQUAGEST, HIDROGEA entre otras muchas han sido investigadas en las Diligencias 337/2014 del Juzgado de Instrucción 1 de Lugo dentro de la llamada operación Pokemon. Los autos judiciales de fecha 28.7.10 y 3.1.18 evidencian un “modus operandi”, como mínimo, corrupteloso, que la magistrada instructora Pilar de Lara ha investigado mediante informes de VIGILANCIA ADUANERA de España que detallan numerosos viajes pagados a cargos y funcionarios públicos por sociedades controladas por el grupo Suez. Existen muy abundantes indicios racionales que hacen suponer que los hechos precisados en los autos 28.7.15 y 3.1.18 (que podemos enviar a quienes nos los soliciten), también se están produciendo en el Perú ahora y desde hace mucho tiempo, en perjuicio de los consumidores y usuarios de cuanto depende del mismo grupo internacional de empresas Suez, aunque hasta ahora no exista, o no hayamos encontrado, ninguna publicación peruana, ni periodista ni medio, que informe de ello.
Por ello, también solicitamos cuanta información sea públicamente accesible por transparencia sobre los viajes a Europa, especialmente a Francia y España, de los altos cargos y empleados públicos o funcionarios de SUNASS que hayan sido pagados u organizados por cualquier empresa relacionada con el Grupo Suez, como Aguas de Barcelona AGBAR, Aguas de Valladolid, AQUAGEST, HIDROGEA o cualquier otra que pudiera tener relación indirecta con Suez.
En definitiva, la relación del político y empresario peruano César Acuña Peralta con su abogado español Jesús Sánchez Lambás, que también lo es de Aguas de Barcelona AGBAR y su Fundación AGBAR entre otras empresas tiene una gran trascendencia para la política, la gestión, el coste y la seguridad del suministro del agua y el saneamiento en el Perú, más aún cuando en su demanda judicial César Acuña Peralta se jacta de su condición de miembro del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLAN del Perú, lo que por sí mismo es muy relevante para comprender conflictos de intereses e influencias entre el líder de Alianza Para el Progreso y el Grupo Suez en el Perú.
Referencias publicadas de posible interés para esta solicitud de transparencia
Tweet del actual Alcalde de Valladolid, Óscar Puente, sobre el abogado de César Acuña en España, Jesús Sánchez Lambás
https://twitter.com/oscar_puente_/status/1128896942589796352
Jesus Sánchez Lambas. Abogado de las empresas del agua. Un ciencia que ha perdido TODOS los pleitos que ha iniciado contra el Ayuntamiento de Valladolid por su decisión de remunicipalizar el agua. Dice ser próximo al Psoe. Los parásitos suelen ser próximos a lo que parasitan.
Hilo en https://twitter.com/miguelgallardo/status/1156435839817265152
En España se han publicado varias noticias relevantes que parecen desconocer los medios de comunicación peruanos sobre la adjudicación de la gestión del servicio integral de las actividades comerciales de Sedapal entre otras, éstas
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2010/04/15/empresas/1271338787_850215.html
A LA ESPERA DE UNA DECISIÓN JUDICIAL El AMB cree que Agbar debería pagar 210 millones si se anula la concesión del agua Eloi Badia descarta una posible indemnización a la sociedad en caso de liquidación El Supremo debe ratificar si se extingue la empresa mixta, creada sin concurso Toni Sust Barcelona - Lunes, 18/03/2019 - 20:51
El concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Barcelona y vicepresidente de Medio Ambiente del Área Metropolitana de Barcelona, Eloi Badia, considera que en el caso de que el Tribunal Supremo ratifique la anulación de la empresa mixta que gestiona el agua del Área Metropolitana de Barcelona, Agbar no sólo no podrá reclamar una compensación económica por la pérdida de la concesión sino que tendrá que abonar unos 210 millones de euros a la AMB.
Así lo ha explicado Badia este lunes, al cifrar las consecuencias económicas que tendría la hipotética ratificación de la anulación de la empresa mixta por parte del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el 2016. Una anulación que se fundamentó en que la firma, creada en tiempos del alcalde Xavier Trias en una decisión respaldada por CiU y el PSC, fue constituida sin concurso, lo que legalmente no era posible.
El cálculo Según los cálculos que cita Badia, no puede darse por buena la cantidad que Agbar dice haber aportado en el momento de la creación de la empresa, que está participada en un 70% por la propia Agbar, en un 15% por La Caixa y en un 15% por la AMB. La cantidad total aportada inicialmente es en teoría de 476 millones de euros. Pero el concejal Badia, con datos de diciembre del 2018, valora los activos de la empresa mixta en 370 millones de euros.
De esa cantidad, Badia considera que 100 millones de ese total deben restarse porque se corresponden con dividendos que no se deberían haber cobrado, argumenta apelando a la nulidad de la creación de la sociedad, porque el cálculo, naturalmente, parte de que el Supremo ratificará la decisión que en su día tomó el TSJC. La cifra de partida para calcular una posible compensación quedaría así en 270 millones. A La Caixa, por su 15%, le tocarían 40,5 millones. Pero a Agbar no le corresponderían, sin más, los 189 millones que supone su 70% de los fondos propios de la empresa mixta.
Porque la AMB cree que Agbar debe pagar más de 100 millones por conservar el servicio en alta (el de agua no potable, que va a las plantas potabilizadoras, que la autoridad metropolitana no querrá en caso de que el Supremo confirme que cierra la concesionaria), considera que percibió 55 millones en concepto de conocimiento que a la vista de la sentencia del TSJC no debería haber cobrado y que sobrevalora sus activos en 237 millones. En total, una suma de 400 millones de la que Agbar sería deudora.
La factura final A esos 400 millones, la AMB le resta los 189 ya citados, que Agbar debería recuperar por su 70% de la empresa mixta, y llega al saldo final de los 210,7 millones que según la AMB debería pagar la firma. “Es un escenario optimista”, ha admitido Badia, que ha precisado que el dinero iría a parar “al servicio metropolitano de gestión del agua. Otro asunto es si habrá municipalización o adjudicación a un nuevo concesionario en el caso de que el Supremo ratifique la decisión del TSJC.
Fuentes de Agbar han rechazado replicar al anuncio y han precisado que no tienen constancia de cuándo se pronunciará el Supremo. Pero parece bastante claro que si se da el escenario que ha esbozado Badia, la empresa acabará acudiendo a los tribunales y el asunto se dirimiría en ese ámbito al margen de que el servicio quede en manos públicas o de un nuevo adjudicatario.
https://www.elsaltodiario.com/agua/juez-supremo-agbar-rechaza-recurso-tasa-agua
DERECHO AL AGUA Un juez del Supremo vinculado a Agbar rechaza un recurso sobre el precio del agua Joaquín Huelín participó en un convenio entre Agbar y el CGPJ entre 2012 y 2015 para formar sobre derecho de aguas. Su designación como juez en la deliberación de estos recursos contravenía la propia normativa de la sala tercera del Supremo.
ÁLVARO MINGUITO MANEL DOMINGO @MANELDMARTI PUBLICADO 2018-05-21 06:30:00
Hace 7 años que agrupaciones vecinales de Murcia y Cartagena, municipios que pagan el agua más cara de España después de Lorca, empezaron una batalla judicial sin precedentes. Asesoradas por el interventor municipal Fernando Urruticoechea y amparadas por la jurisprudencia del Constitucional, pretendían que el precio del agua fuera reconocido a nivel general como una tasa sometida al control público y no como un tarifa (o precio privado) que las empresas suministradoras establecen a discreción.
Las normas impiden que un magistrado de la sección primera que ha conocido la admisión a trámite de un recurso participe más tarde en su deliberación
De haber progresado la iniciativa, se hubiera tambaleado seriamente todo el negocio establecido alrededor del suministro del agua en España, que actualmente es el servicio municipal que más beneficios económicos genera y está sometido al oligopolio de Aqualia, Acciona y Agbar. Sin embargo, el 10 de mayo las abogadas de estas asociaciones vecinales recogieron las dos sentencias firmadas por Joaquín Huelín, que desestimaban sus recursos de casación, les obligaban a pagar las costas procesales y ponían fin al recorrido de la demandas, al menos a través del Supremo.
Este magistrado fue designado como ponente del caso por la sección segunda de la sala tercera mediante providencia del Supremo en junio del 2017. Sin embargo, Huelín formaba parte en ese momento de la sección primera de la sala, donde ya en 2016 había participado en la admisión de los dos recursos de casación presentados. Esta decisión contraviene las normas de reparto de la sala, que impiden que un magistrado de la sección primera que ha conocido la admisión a trámite de un recurso participe más tarde en su deliberación. Pese a ello, se decidió agrupar ambos recursos, señalar la fecha del fallo para el mismo día y entregarlos a un mismo ponente: Joaquín Huelín.
Joaquín Huelín participó y se benefició de un acuerdo firmado entre la empresa Agbar y el Consejo General del Poder Judicial entre 2012 y 2015. Huelín participó junto a jueces de toda España en un convenio que contaba con ponencias y cursos de formación para magistrados organizados por Agbar que tenían como objetivo explícito “contribuir al desarrollo de la doctrina jurídica” en relación a la gestión del agua. La revista Atlántica XXII accedió al texto del convenio y profundizó en un artículo sobre la forma que tuvo hasta 2015, cuando el abogado de Urruticoechea denunció el caso por entender que se estaba adoctrinando a los magistrados para responder a los intereses de las empresas y el CGJP tuvo que ponerle fin.
Huelín incluso es coautor de un libro titulado “El precio del agua” editado por Agbar en el marco de este convenio. En él firma junto a nombres como Gaspar de la Peña Velasco, uno de los consejeros de EMUASA, la empresa mixta que opera en Murcia y contra la que se dirigía uno de los recursos de casación desestimados por Huelín. EMUASA está participada en un 49% por Hidrogea, que pertenece al grupo empresarial de Agbar. Hidrogea es el cambio de nombre que adoptó Aquagest en Murcia a partir del caso Pokemon. En el marco de este caso, la jueza Pilar de Lara definió a Aquagest como “una verdadera asociación ilícita”.
En el libro editado y promovido por Agbar, Huelín firma la ponencia titulada “Un sector necesitado de seguridad jurídica” donde defiende de manera contundente el sistema tarifario y afirma que “el mercado del agua está necesitado de una mayor seguridad jurídica que suministre la estabilidad imprescindible para fomentar la participación del sector privado, especialmente en lo que atañe a su régimen financiero”. Es decir, en lo que atañe a financiarse mediante tasas públicas o tarifas privadas.
El próximo paso de las asociaciones ciudadanas que están luchando contra los abusos de las tarifas del agua es presentar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional
Ni el escrito de incidencia por nulidad de actuación que presentaron los demandantes por su designación contraria a la normativa de la sala, ni la recusación posterior por entender que la vinculación de Huelín con Agbar (y por extensión con EMUASA) le hacían parte interesada en el caso fueron aceptadas por el Supremo. Al contrario, el equipo demandante asesorado por Urruticoechea tuvo que pagar las costas además de una sanción de 2.000€ por mala fe contra el magistrado ponente.
No es todo el rastro que ha dejado Joaquín Huelín en su paso por la batalla judicial del agua. También se le puede encontrar ejerciendo su papel de defensor del sistema tarifario en el voto particular que firma junto a otro magistrado en una sentencia del Supremo de 2015. El Tribunal falló en favor del recurso del ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma en defensa de su poder tributario, entendiendo el precio del agua como una tasa que no ha de estar sujeta al sistema tarifario de las empresas sino al poder tributario de las administraciones municipales.
Esta sentencia y otra relativa al municipio canario de Los Realejos, ambas de 2015, fueron parte de la base jurídica de los recursos de casación por Murcia y Cartagena, pues generaban jurisprudencia sobre la obligación de que todos los servicios municipales del agua sean financiados mediante el concepto tasa.
De los magistrados del Supremo que ahora han deliberado sobre las demandas de Murcia y Cartagena solo queda uno de los que aparecía entonces en las sentencias de 2015. Es el mismo Joaquín Huelín que emitió el voto particular, que participó entre 2012 y 2015 en el convenio con Agbar y firma uno de sus libros, y que ha sido designado como ponente de esta última sentencia de forma contraria a la normativa de la sala.
El próximo paso de las asociaciones ciudadanas que están luchando contra los abusos de las tarifas del agua es presentar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional. Hasta entonces, estas dos sentencias del Supremo suponen un duro golpe al recorrido judicial de la deliberación del precio del agua, puesto que se hace efectiva esa “seguridad jurídica” del sistema tarifario impuesto por las empresas del agua que el juez Huelín defendía en su ponencia para Agbar.
Según afirma Fernando Urruticoechea, se trata de “un severo castigo por el atrevimiento de enfrentarse al saqueo perpetrado por el lobby del agua”. Un castigo que no solo recae sobre las asociaciones que tendrán que pagar las costas del proceso, que ascienden hasta los 16.000 euros en el caso de Cartagena y 18.000 en el de Murcia, sino sobre todos los usuarios del agua en España. Hasta que el Constitucional no se pronuncie, estarán jurídicamente indefensos frente a las tarifas de los precios del agua.
¿TASA O TARIFA? Toda la batalla jurídica sobre el precio del agua orbita, principalmente, en torno a estos dos conceptos clave: tasa y tarifa. La tesis del lobby de las empresas del agua siempre ha radicado en entender que cuando el servicio del agua se presta mediante concesiones, se aplica el poder tarifario de los concesionarios para marcar los precios. La pretensión es que, por mucho que se trate de un servicio municipal y de primera necesidad, sea la forma de gestionarlo la que marque el régimen de precios al cual debe atenerse. Esta interpretación tiene importantes repercusiones en España, donde alrededor del 60% del agua la gestionan empresas privadas.
La aplicación de las tarifas no solo abre la puerta a que los precios del agua se disparen, sino que también hace casi imposible fiscalizar la actividad de las empresas en tanto que sus gastos e ingresos no figuran en los presupuestos municipales. Incluso en el caso de los impagos, la tarifa permite que se dé un corte del suministro de manera inmediata, mientras que cuando se trata de una tasa se requiere un procedimiento de apremio que debe pararse si se prueba la insolvencia del deudor.
Los intentos del lobby por hacer prevalecer las tarifas se remontan a la sentencia 185/95 del Tribunal Constitucional. En esta sentencia se esclareció, para evitar que se produjeran beneficios por su explotación, que el precio de los servicios públicos de recepción obligatoria o esenciales para la vida digna que se prestan en régimen de monopolio por los municipios (como es el caso del agua, el alcantarillado o las basuras) tienen que financiarse con arreglo al poder tributario de la administración. Es decir, mediante el concepto de tasa.
La sentencia insiste además en que, independientemente de la forma en que se gestione, ya sea directamente por los ayuntamientos, bajo concesiones o en empresas mixtas, lo que prevalece es el carácter del servicio que se presta. De este modo, contradice la tesis de las empresas y deja claro que, lo gestione quien lo gestione, el servicio del agua se ha de financiar mediante una tasa, cuya cuantía está limitada a los costes del servicio y su aprobación está muy controlada.
Los intentos del lobby por hacer prevalecer las tarifas se remontan a la sentencia 185/95 del Tribunal Constitucional
Esta decisión judicial tardó 8 años ser plasmada en la legislación. En 2003 se aprueba la nueva Ley General Tributaria, que en el segundo párrafo de su artículo 2.2.a) ratifica la sentencia del Constitucional y establece que el agua se ha de considerar siempre una tasa. Sin embargo, en aquellos lugares donde el agua es gestionada por empresas privadas siguen prevaleciendo las tarifas. Aunque esta situación se denunció poco, el Supremo falló a favor de las tasas siempre que hubo demandas al respecto.
Pese a todo, las demandas nunca procedieron de asociaciones en defensa de los derechos del agua en vistas a garantizar una regulación pública en todo el Estado, sino que se quedaban en disputas locales. No es hasta 2011 que las asociaciones de Murcia y Cartagena se empiezan a organizar con este objetivo. Sin embargo, en ese año se da un paso hacia atrás al aprobarse la Ley de Economía Sostenible.
A través de una enmienda de última hora propuesta por CIU que apenas recibió resistencia parlamentaria, La Ley de Economía Sostenible eliminó el párrafo de la Ley General Tributaria que blindaba la prevalencia de las tasas en el régimen de precios del agua. De este modo, se vuelve a abrir la puerta a considerar las tarifas. La aplicación de la ley vino acompañada de una campaña en revistas jurídicas para informar a los interventores municipales, cosa que no se hizo en la modificación legislativa de 2003.
Ante la nueva perspectiva legislativa, los demandantes de Murcia y Cartagena se escudaron en la sentencias del Supremo basadas en hechos previos a la modificación de la ley, y más adelante en las dos sentencias de 2015 que recuperaban y ratificaban la doctrina aplicada por el Constitucional en 1995. No obstante, la nueva sentencia del Supremo deshace gran parte del camino realizado, al menos hasta que el Constitucional resuelva el recurso de amparo que presentarán las asociaciones vecinales que llevan 6 años librando esta batalla judicial.
https://ctxt.es/es/20170412/Politica/12150/agua-privatizacion-Agbar-catalunya.htm
El ciclo político del agua: caudales turbulentos Análisis de un sector fundamental del Estado de bienestar, con especial atención a Cataluña, donde convergen un alto grado de privatización en la gestión y la presencia de Agbar, una de las grandes compañías dedicadas al negocio
MARTÍN ALONSO ZARZA / FERNANDO URRUTICOECHEA BASOZABAL
12 DE ABRIL DE 2017
El curso del agua es un indicador de buena parte de las patologías de la vida política. Llama la atención la preocupación que la corrupción suscita en las encuestas y la falta de una respuesta proporcional a ella. Tres elementos ayudan a explicar esta esquizofrenia. El primero es la insuficiente respuesta institucional, en parte porque la misma corrupción no recibe el tratamiento que merece en el Código Penal, donde los delitos de cuello blanco son habitualmente low cost. El segundo remite al paradigma económico vigente: la corrupción es virtualmente un efecto colateral de la trinidad neoliberal (desregulación, liberalización, privatización), como el too big to fail o la desigualdad. Por último, la corrupción es percibida generalmente como un delito sin víctimas; la externalización resulta tan exitosa que ni siquiera los perjudicados perciben cabalmente los costes, y por tanto no los ponen en la balanza a la hora de votar. El recorrido por el curso del agua permite iluminar de forma concreta algunos de estos fenómenos.
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Los pilares del Estado de bienestar se han convertido en objetivo de la bulimia financiera tras el colapso de la burbuja inmobiliaria. Buen ejemplo de ello es el desplazamiento en esa dirección del interés de las constructoras. Así, no es casualidad que Aqualia, la filial de gestión de agua de FCC, sea uno de los sectores más lucrativos de la constructora matriz (144 millones en 2016): aunque la actividad de la filial supone un 17% de las ventas, aporta el 28% del Ebitda, frente al 28% y el 7% de la construcción (El País, Negocios, 19/03/2017). ACS creó EMAFESA y SOCAMEX desde su filial Urbaser para ocuparse del ciclo integral del agua. Por su parte, Acciona se hace cargo de la explotación de Aigües Ter-Llobregat (ATLL) tras su privatización por el gobierno en funciones de Artur Mas a finales de 2012 en una operación en absoluto transparente que ha anulado el TSJC. Es llamativo que el sector del agua, en sus diferentes tramos, haya acabado en numerosas ocasiones en los tribunales, aunque, por las razones que veremos, a menudo sin graves consecuencias.
LA CORRUPCIÓN ES VIRTUALMENTE UN EFECTO COLATERAL DE LA TRINIDAD NEOLIBERAL (DESREGULACIÓN, LIBERALIZACIÓN, PRIVATIZACIÓN), COMO EL ‘TOO BIG TO FAIL’ O LA DESIGUALDAD
Este escrito pone el foco en el sector del agua, una pieza fundamental del Estado de bienestar; y dirige una mirada especial hacia Cataluña porque allí convergen dos circunstancias notables: un alto grado de privatización en la gestión del agua y la presencia de una de las grandes compañías dedicadas al negocio del agua, Agbar. La privatización de Aigües Ter-Llobregat (ATLL) –la joya de la corona, la mayor y la más polémica de la historia de la Generalitat (afecta a 4,5 millones de personas), adjudicada a la empresa de la competencia, Acciona– ha seguido la estela de prácticas experimentadas en la sanidad a través de la empresa International Tax Planning Services (ITPS), que creó las supuestas pantallas utilizadas por Oleguer Pujol y la familia Rodés en el consorcio beneficiario, pese a las irregularidades detectadas por los tribunales (eldiario.es, 30/12/2015).
Ferran Rodés, hijo del empresario Leopoldo Rodés, es el promotor y accionista de referencia del periódico secesionista Ara, vicepresidente de Havas Media y consejero de Acciona. Además, Havas, cuyo director general es Alfonso Rodés, hermano de Ferran, es propietaria de Media Planning Group, que se lleva la parte del león en la publicidad de la Generalitat (10 millones de un total de 18 en 2014). Además, fue nombrado por Artur Mas en 2012 para dirigir el Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible (CADS), pocos meses antes de la privatización de ATLL, hoy pendiente de una sentencia judicial. Vemos aquí un triángulo estratégico: Rodés era simultáneamente asesor del presidente que impulsó la privatización, consejero de la empresa líder del consorcio beneficiario e inversor personal a través de la agencia utilizada por Oleguer Pujol. Ya entonces se manifestaron muchas dudas sobre el modo de proceder y de efectuar la concesión. En febrero de 2016, la Oficina Antifrau de Catalunya pidió anular la privatización porque Acciona infló las facturas; estas irregularidades pueden traducirse en un incremento de la factura para las familias (eldiario.es, 09/02/2016). También el TSJC había anulado el concurso resultante en la privatización. Paradójicamente, la consejera Neus Munté ha calificado el asunto de “operaciones societarias”.
Aguas termales para voluntades flotantes
Con el agua tiene relación Josep Antoni Rosell, director de Infraestructures.cat y uno de los detenidos en octubre de 2015 por la trama del 3%. El caso cobró relieve porque Rosell había encargado a un amigo que le guardara cuatro maletines. Rosell es responsable de una desviación presupuestaria en la construcción del canal Segarra-Garrigues con un sobrecoste del 81% (La Vanguardia, 30/10/2015; El País, 25/10/2016). La obra fue ejecutada por una UTE compuesta por FCC, Agbar, Copcisa y Copisa, y otras cuatro con menor participación. Seis de ellas pagaron a CatDem, la fundación de Convergència Democràtica de Cataluña (CDC), 1.635.500 euros entre 2008 y 2013. El concurso lo cocinaron Rosell, desde la secretaría de infraestructuras de Agricultura, el conseller Josep Grau y su número dos, Germà Gordó.
LOS PILARES DEL ESTADO DE BIENESTAR SE HAN CONVERTIDO EN OBJETIVO DE LA BULIMIA FINANCIERA TRAS EL COLAPSO DE LA BURBUJA INMOBILIARIA
Rosell es uno de los destacados nacionalistas orgánicos familiarizado con las puertas giratorias. Histórico dirigente de CDC y tutelado por Germà Gordó (último consejero de Justicia de Mas; lo encontraremos más abajo), abandona la empresa pública Regsega cuatro días antes de que se abran las plicas del concurso; a los pocos meses se convierte en nuevo director general de la concesionaria beneficiaria Aguas Segarra-Garrigues (ASG), siendo FCC y Agbar los accionistas principales. Cuando se descubre el delito, ERC para el golpe pese al impacto mediático de los maletines. El departamento de Economía, pilotado por Oriol Junqueras, le ofrece asilo en un nuevo cargo en la misma empresa Infraestructures.cat, la principal adjudicadora de obra pública de la Generalitat; ahora como responsable del proyecto de actuaciones internacionales y de investigación e innovación. Carles Mundó,sucesor de Gordó en Justicia, avaló la decisión de la repesca de Rosell. La Fiscalía Anticorrupción había pedido en dos ocasiones prisión para él. Finalmente y ante la magnitud del escándalo, el Gobierno decide “prescindir” de sus servicios (La Vanguardia, 25/02/2016).
Como la sanidad, el agua es un recurso que forma parte del núcleo duro del pilar social del Estado. En la escuela se estudia que el ciclo del agua se compone de tres fases: evaporación, condensación y precipitación. Estas fases tienen su contrapartida en el ciclo político, donde sin embargo sólo se ha importado la primera (en su uso figurado) para explicar la desaparición milagrosa del dinero, un hecho, digamos de paso, que supone una violación flagrante del primer principio de la termodinámica. Vamos a esbozar a partir de una anécdota las fases del ciclo político del agua.
Sabemos que el Ebro nace en la cordillera Cantábrica y desemboca en el Mediterráneo. El curso del líquido metafórico puede hacer el camino en sentido contrario. El 13 de noviembre de 2013, el semanal Asturias Diariopublicó fotocopia de las facturas que Aquagest pagó por una estancia del 13 al 15 de agosto de 2010 en el balneario Gran Hotel Las Caldas, de cinco estrellas, a Ignacio Diego, presidente de Cantabria. No fue al único; también a su consejero de Obras Públicas y a cargos públicos de Galicia y Asturias. Los cabecillas del ‘cártel del agua’ usaron el balneario como cuartel general. Masajes faciales –todo un signo– y cenas no se pagaron en metálico sino que se cargaban en la cuenta de la empresa como si se tratara de una operación habitual. Digamos, para atender la primera fase del ciclo, que en varios municipios de Cantabria los usuarios recibieron en noviembre de ese año una carta anunciando que sería Aquagest la encargada de la gestión del agua. Naturalmente uno no está obligado a pensar que hay relación alguna entre un masaje facial en Asturias y una factura en un municipio de Cantabria, ni mucho menos que eso tenga algo que ver con la Sociedad General de Aguas de Barcelona (Agbar)[1].
La jueza Pilar de Lara, del juzgado de Lugo, se hizo cargo del caso, que implicaba entre otros a Diego y a su consejero de Obras Públicas y Vivienda, Francisco Javier Rodríguez Argüeso. El Supremo pidió un informe a la Fiscalía, que calificó los hechos como constitutivos de un delito de cohecho pasivo impropio, o “cohecho de facilitación”, pero se opuso a la imputación de ambos porque el Código Penal vigente entonces establecía un plazo de prescripción de tres años y estos ya se habían cumplido, y solicitó al Supremo el archivo de la causa (eldiario.es, 02/02/2015). Según la exposición de la jueza, la empresa Aquagest, con “relevantes intereses” en Cantabria, desarrollaba presuntamente una política empresarial que incluía el soborno de autoridades políticas y funcionarios con el objetivo de lograr adjudicaciones de las administraciones públicas.
NO ES CASUALIDAD QUE AQUALIA, LA FILIAL DE GESTIÓN DE AGUA DE FCC, SEA UNO DE LOS SECTORES MÁS LUCRATIVOS DE LA CONSTRUCTORA MATRIZ (144 MILLONES EN 2016)
La decisión del Supremo llegó después de que el líder del PP cántabro ofreciera un rosario de versiones, desde que se “paga sus facturas” hasta que él mismo reservó la estancia pero que no la pagó porque, tras un encuentro casual con Henry Laíño, director territorial de Aquagest en Asturias y Galicia, este no se lo permitió. Laíño está imputado en la Operación Pokémon. La policía desmontó también esta versión. Que la causa se archivara tiene acaso que ver, pero es solo una hipótesis, con la última fase del ciclo del agua, como veremos luego.
Marcas de agua
En todo caso, dos años después, los clientes forzosos de Aquagest pasaron a serlo de Aquarbe. Tras las filtraciones –no dejamos la tropología líquida– del caso Pokémon, centrado en las empresas Vendex y Aquagest/Agbar, Aguas de Barcelona reorganizó sus filiales y la propia Agbar pasó a llamarse Aquadom, como sociedad cabecera del grupo. La reestructuración obedece, según la comunicación de la empresa a los usuarios –sin fecha ni firma legible–, a “criterios de organización territorial, mediante la implantación de nuevas filiales en cada uno de los ámbitos territoriales […] atendiendo a motivos de proximidad y cercanía al territorio”.
Agbar ha creado así un racimo de filiales distribuidas por diferentes comunidades autónomas: Sorea en Cataluña, Aquona en las dos Castillas, Hidrobal en Baleares, Canaragua en las islas Canarias, Hidrogea en Murcia, Hidraqua en la Comunidad Valenciana, Aquanex en Extremadura, Asturagua en Asturias, Aquarbe en Cantabria, País Vasco, Navarra y la Rioja, Aquara en Aragón y Viaqua en Galicia (Economía digital, 07/11/2013; El Norte de Castilla, 20/11/2013)[2]. Aquadom es el único accionista de todas esas sociedades. La división catalana es la más importante por volumen de negocio aunque tiene también una presencia destacada en Castilla y León, Castilla la Mancha y Asturias[3]. En Castilla y León prestaba servicio a un millón de habitantes de cerca de 75 municipios. Silvia R. Pontevedra asegura que el escándalo Pokémon hizo que Aquagest se transformara en Viaqua (El País, 31/07/2015). El caso de Galicia permite sacar partido a una anécdota. Hace años, un sabio local sin diploma solía decir con socarronería que en Galicia solo llovía para Fenosa. El sabio ya no está y no podemos saber qué diría hoy. Hoy el cambio climático que la globalización neoliberal ha traído a la política permite que llueva en Galicia para una empresa de Barcelona sin que eso importe muchos a los teóricos del particularismo nativista y los agravios territoriales. Parece que las cuencas hídricas están más liberalizadas que las cuencas regionales.
Modus operandi de Agbar
Pero hay que decir algo del modus operandi de la matriz, Agbar, presentada como modelo de emprendedurismo y con presencia en distintos lugares del mundo. En su informe de sostenibilidad de 2005 hay un apartado titulado Compromisos con la sociedad, que comprende un subapartado sobre Ética, transparencia y derechos humanos en el que podemos leer (p. 24):
“Uno de los valores del Grupo es el “respeto a la democracia, las leyes, la libertad y la salud pública”. En consecuencia, cualquier caso de corrupción, en tanto que práctica ilegal, supondría un incumplimiento de este compromiso. La Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales no ha recibido ninguna denuncia de caso de corrupción. El Grupo Agbar no ha recibido ninguna denuncia contra su organización por casos de corrupción”.
SEGÚN LA EXPOSICIÓN DE LA JUEZA, LA EMPRESA AQUAGEST DESARROLLABA PRESUNTAMENTE UNA POLÍTICA QUE INCLUÍA EL SOBORNO DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS PARA LOGRAR ADJUDICACIONES DE LAS ADMINISTRACIONES
Desde luego parece que esta declaración ha quedado malparada por lo que vamos sabiendo. Diez años después, el director de Agbar y Aqualia, con un lenguaje impostado sobre el compromiso con el “progreso universal del desarrollo sostenible”, sin mencionar ninguna de las peripecias de la historia reciente, se muestra mucho más cauteloso limitándose a esta declaración gaseosa: “Las empresas deben promover en sus áreas de influencia: los derechos humanos, los derechos laborales, la protección del medio ambiente y combatir la corrupción” (Corresponsables, enero 2015: 28). En puridad se puede promover sin sentirse concernido por lo que se promueve.
Pero Agbar tiene mucho que decir al respecto y asegura también de forma integral el ciclo político del agua. Agbar es protagonista de varias operaciones. Por las prácticas de Aquagest, la jueza encargada del caso, Pilar Lara, señala un esquema repetido:
“consistente en la fijación de una estructura empresarial dirigida a la obtención de ilícitas adjudicaciones violentando los principios de igualdad, competencia y libertad de concurrencia y defraudación de la confianza de los ciudadanos en la regularidad y transparencia de la contratación administrativa. De esta forma, la empresa AQUAGEST perteneciente al GRUPO AGBAR ha obtenido amplios beneficios. […] pudiendo considerarse a la empresa AQUAGEST como una verdadera asociación ilícita, pues además del engaño que implica la simulación de la transparencia en la adjudicación de contratos, cuando en realidad hay un concierto que predetermina la decisión final en consideración a una dádiva, que por sí presupone un sobrecoste en la obra, se perjudica a la comunidad en general, pues el empresario lo va a repercutir en el precio final de la prestación del servicio…”. (Auto de 28/07/2015)
La empresa se encuentra en el ojo de la Operación Petrum contra la financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC); el grupo Agbar ha sido el mayor donante a CDC entre 2008 y 2013 vía fundaciones (895.000 euros a CatDem y 695.000 a Barcelona Fòrum) (El País, 21/10/2015), aprovechando el resquicio que dejaba la Ley orgánica de financiación de partidos (8/2007, de 4 de julio). CDC es corresponsable de que el 84% de la población catalana tenga privatizado su servicio de agua, mayoritariamente en manos de Agbar (La Marea, 01/01/2016). En un valioso informe sobre la privatización del agua en Cataluña, Carles Escolano, Eloi Badia, Jaume Delclòs y Lidia Serrano afirman que Agbar se ha convertido en un holding de 142 empresas que factura más de 4.000 millones de euros en todo el mundo y suministra agua a más de 26 millones de personas.
Según estos autores, en 2009 –recuérdese, en plena crisis y el año del escándalo del Palau barcelonés y del editorial conjunto de varios medios de la prensa catalana en torno a “la dignidad de Cataluña”–, después de subir la tarifa un 8,5%, el grupo obtuvo unos beneficios de 160 millones, repartió 90 entre sus accionistas y aumentó un 30% las retribuciones de la dirección. En 2010, los beneficios subieron a 310 millones mientras reducía un 20% la plantilla en un proceso de “mejora de la calidad”, un eufemismo para cuenta de resultados[4]. Para acercarnos en el calendario y restringiendo el foco, Aigües de Barcelona, empresa público-privada controlada por Agbar, al poco de dar a conocer su cuenta de resultados de 2015, con un aumento de beneficios del 38%, propuso una subida de las tarifas en un 1,68% en 24 municipios, incluida la capital (aiguaesvida.org, 28/04/2016).
EL GRUPO AGBAR HA SIDO EL MAYOR DONANTE A CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA ENTRE 2008 Y 2013 VÍA FUNDACIONES (895.000 EUROS A CATDEM Y 695.000 A BARCELONA FÒRUM)
Aigua és vida/Agua es vida es la mejor fuente para un seguimiento detallado de la privatización del agua en Cataluña. En “Así funcionaba la trama de Aquagest para quedarse con el agua” (14/11/2014), refiere el modus operandi de Agbar. Relojes a 6.000 euros, viajes, vino, jamones, estancias en hoteles de lujo…; las prácticas inveteradas. En una de las grabaciones, Laíño se quejaba de las trabas del secretario de Santiago de Compostela a un contrato que ya había cerrado con un exalcalde imputado y dimitido; en otra se jactaba de tener controlada la provincia de Ourense gracias a sus contactos con un asesor del omnipotente y proceloso presidente de la Diputación, José Luis Baltar. Esta organización destaca una práctica generalizada: la privatización provoca una caída en la calidad del suministro y cita como ejemplo el caso del municipio orensano de Punxín.
Allí el precio se triplicó; antes se conoció un trasiego de asesorías caras –veremos luego que los bufetes son una pieza clave en la fase de precipitación–, encargadas de elaborar informes aconsejando la privatización. En paralelo, la calidad del agua se deterioró. Seprona y el Servicio de Vigilancia Aduanera acusaron a la empresa de un delito contra la salud pública por proporcionar a sabiendas agua contaminada de arsénico; aunque la llegada del tóxico no fue culpa de la empresa, esta siguió utilizando el agua sin eliminar el arsénico y cuando se vio obligada utilizó una sustancia potabilizadora prohibida para el agua de boca.
Agua es vida, la plataforma formada por asociaciones vecinales y ecologistas de Cataluña, ha llegado a la conclusión, tras analizar los gastos de Agbar, de que el 56% del coste de la factura en 23 municipios de Barcelona no tiene que ver con el servicio del agua per se, sino con partidas vinculadas a créditos, impuestos, publicidad y beneficios (El País, 03/10/2014).
El agua, como la sanidad, se ha convertido en un filón. Pero como dice un principio de la economía elemental, nada es gratis. Los beneficios son bombeados en un proceso típico de la economía de la oferta.
Desde la Federación de vecinos y vecinas de Barcelona, Lluís Rabell denunciaba en su blog en Público (29/03/2013) que, en noviembre de 2012 y con los votos favorables de CiU y PSC, se constituyó por atribución directa y sin mediar concurso una nueva sociedad mixta –85% Agbar y 15% pública– en el área metropolitana, acuerdo acompañado de la entrega de 190 millones a Agbar[5]. Rabell exponía que en el año anterior, en los municipios dependientes de Agbar, se habían iniciado más de 72.000 expedientes de corte de agua por impago de recibo y que el Consejo de Administración de la Agencia Catalana del Agua excluía a la representación del movimiento vecinal.
La justicia, ¿se moja o se pringa?
Seguimos la pista de Agbar en un episodio que no registraron las isobaras mediáticas del Mediterráneo, en cuya ribera tiene sede con emblema de torre. En efecto, fue la revista asturiana Atlántica XXII (22/07/2016) la que nos hacía saber que “Agbar dio cursos de formación a jueces durante cuatro años”. La noticia es de tal calado que uno tiene la obligación de contrastarla. En Google, las frases “Agbar” + “cursos de formación a jueces”, remiten todas –a menudo reenvíos en redes– a este artículo de Carlos Mier. Por eso hay que dar rodeos para cerciorarse. Diferentes documentos elaborados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dejan constancia de estas amistades peligrosas. La fundamental es el “Convenio marco de colaboración entre el CGPJ y la Fundación Agbar para la realización de actuaciones conjuntas en materia de formación”, firmado en Madrid el 20 de diciembre de 2011 por Félix V. Azón Vilas y Ramón Camp i Batalla, por parte del CGPJ, y Ángel Simón Grimaldos y Ciril Rozman Jurado, por parte de la Fundación.
El objetivo es “la realización de actuaciones conjuntas en materia de formación, con la finalidad de ampliar conocimientos (...) medioambientales, con miras a la creación de un foro permanente sobre Derecho de Aguas”. Se fija su duración desde el día de la firma hasta finales de 2012, prorrogándose anualmente, salvo que cualquiera de las partes exprese su deseo en contra. Hay diferentes actas que dan cuenta de la operatividad del Convenio. Así, el punto 19 del Pleno celebrado el 31/05/2012 registra la aprobación “de la participación de los miembros de la Carrera Judicial que se contienen en el Anexo III, en el ‘Encuentro con Aguas de Barcelona: Foro de Derecho del Agua’, actividad integrada en el marco del Plan Estatal de Formación” a celebrar en Barcelona los días 28 y 29 de junio de 2012”. Establece las comisiones de servicio y licencias por estudios, así como un gasto de 12.134 euros para la realización del encuentro. En la reunión de la Comisión Permanente de 25/03/2014 se acuerda aprobar “la participación de los integrantes de la Carrera Judicial que como titulares se recogen en el Anexo III […] en el ‘III Foro de Derecho del Agua’ que tendrá lugar en Las Palmas de Gran Canaria los días 5 y 6 de junio, organizado por Agbar y el CGPJ”. Se aprueba un presupuesto de gasto para la actividad, recogido en el mismo anexo (no accesible). En la permanente de 03/06/2014 se concede comisión de servicio a la vocal Roser Bach Fabregó para desplazarse al curso como ponente[6]. Por último, la Comisión Permanente de 29/10/2015 concluye así (p. 43):
AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA PÚBLICO-PRIVADA CONTROLADA POR AGBAR, TRAS AUMENTAR SUS BENEFICIOS UN 38% EN 2015, PROPUSO UNA SUBIDA DE LAS TARIFAS EN UN 1,68% EN 24 MUNICIPIOS, INCLUIDA LA CAPITAL
“Acusar recibo y toma conocimiento del escrito y documentación presentada por el partido SOBERANIA, representado por José Luis Mazón Costa, mediante el que solicita que el CGPJ rescinda el convenio firmado el 16 de diciembre de 2011 con la Fundación Agbar. Realizar los trámites necesarios en orden a denunciar el Convenio marco de colaboración entre el CGPJ y la Fundación Agbar para realizar actividades conjuntas en materia de formación […] por lo que el convenio dejará de surtir efecto el día 1 de enero de 2016”.
No hay, sorprendentemente, la menor explicación para la decisión. Tampoco de por qué no se atendió la reclamación muy anterior de un conjunto de organizaciones pidiendo un poder judicial independiente en temas de agua[7]. Sabemos por diferentes fuentes –la transparencia no es una cualidad del hidrobusiness– que a finales de septiembre del 2012 cerca de una treintena de magistrados del Tribunal Superior de Justicia de diferentes comunidades autónomas y de la Audiencia Nacional participaron en las sesiones de trabajo que se celebraron en la Torre Agbar bajo el nombre de Foro de Derecho de Aguas, con el objetivo de ampliar su formación. El foro fue inaugurado por el presidente de Agbar, al que acompañaban la plana mayor de la multinacional y el presidente de La Caixa y copropietario de la empresa, Isidro Fainé. Pero había más compañías, como la consejera de Justicia de la Generalitat y abogada del Estado en excedencia –el consorcio público-privado, una vez más–, Pilar Fernández Bozal, que pronunció estas palabras proféticamente cristalinas[8]:
“El agua es un bien escaso que dentro de muy poco tiempo no podrá sostenerse. Eso de los usos generales, gratuitos, a los que todos, más nuestros abuelos que nosotros, estábamos acostumbrados, no será posible. Por eso debemos trabajar todos juntos en una única dirección, poner en común obligaciones, necesidades y esos problemas que tiene el poder judicial para aplicar la normativa. No es sencillo. Hacer llegar esas dificultades al sector económico o al sector que se ocupa de la gestión de las aguas tiene su importancia y su valor”. (Atlántica, julio 2016)
El acuerdo suscrito con el CGPJ venía a instruir a los jueces sobre el sentido de las decisiones en caso de conflicto entre la ciudadanía y la empresa; y en tal sentido, establecía que la asistencia a los cursos vendría acreditada por “la expedición de diplomas o acreditaciones” extendidos conjuntamente por ambas instituciones. Podemos imaginar la predisposición del acreditado de vuelta a su jurisdicción en caso de encontrarse ante un contencioso que implicara a la compañía que le acreditó. Como señala Carlos Mier, el zorro estableciendo las reglas de convivencia con las gallinas. Naturalmente, la empresa aseguraba el alojamiento de los participantes cuyos nombres permanecen en el secreto; pero la revista pudo saber que asistieron jueces de toda España. Como se ha señalado en la nota lacónica recogida, el convenio se canceló no por iniciativa del CGPJ y pese a las dimensiones cuantitativas y cualitativas de los casos de corrupción que afectaban a Agbar, sino por la denuncia de un colectivo de abogados agrupados en el partido Soberanía. Su representante –sigo a Carlos Mier–, José Luis Mazón Costa, se refiere a que tras los delitos consignados en el auto –sobornos, pagos en negro, compra de voluntades– utilizados por Agbar para lograr la adjudicación de concursos, “ver a los magistrados del TSJ acudiendo a actos de su fundación es como ver a jueces que acuden a reuniones de un grupo presuntamente mafioso”.
EL ACUERDO SUSCRITO ENTRE LA FUNDACIÓN AGBAR Y EL CGPJ PARA REALIZAR ACTIVIDADES FORMATIVAS VENÍA A INSTRUIR A LOS JUECES SOBRE EL SENTIDO DE LAS DECISIONES EN CASO DE CONFLICTO ENTRE LA CIUDADANÍA Y LA EMPRESA
¿Qué implicaciones tuvo este acuerdo, que establecía un puente líquido entre las instituciones democráticas y los intereses crematísticos de Agbar? Como ocurrió en Murcia, muchas de las sentencias de los TSJ han sido favorables a Agbar y contrarias a la doctrina del Tribunal Constitucional y del Supremo, que consideran las tarifas del agua como tasas y no como precios. El asunto no es baladí dado que si son lo primero deben estar sujetas a control público; pero, como apunta el economista e interventor municipal Fernando Urruticoechea: “Llama la atención que en los casos de gestión indirecta mediante concesionarios (Aquagest/Agbar, Aqualia/FCC, Acciona), sus ingresos y gastos no figuren habitualmente en los presupuestos municipales, a pesar del principio constitucional de la universalidad de los ingresos y gastos (art. 134 CE). Sin gastos y sin facturas, no es posible realizar control alguno por las intervenciones municipales”[9]. De manera que las empresas que de hecho controlan los recursos públicos están libres de control público: pueden actuar con impunidad de facto. De nuevo, la transparencia no es una cualidad del negocio del agua.
Y es llamativo que la principal barrera frente a la impunidad no sea la proveniente del derecho público –puesto que afecta a bienes comunes– sino la que procede del derecho privado. Así, la denominada “guerra del agua en Cataluña” (economía digital, 20/04/2015) es una guerra entre Agbar y Acciona. La primera ha fichado al letrado estrella Cristóbal Martell –el de los Pujol, ITV y otras causas; José Luis Núñez, caso Hacienda; Álvaro Lapuerta, caso Bárcenas; los socios de Urdangarin, caso Nóos; Leo Messi; Manuel Bustos (PSC), caso Mercurio; Xavier García Albiol, PP, panfletos racistas; entre otros–. El objetivo del abogado es que Acciona pida perdón a Agbar por haberla acusado de apropiarse del canon de los servicios de Aigües Ter-Llobregat (ATLL). El asunto parte de las sospechas de ilegalidad en el contrato de la Generalitat con Acciona, avaladas por varias sentencias. Un efecto colateral de la “guerra del agua” es que ha venido a apuntalar las tesis de Atlántica XXII sobre las amistades peligrosas entre la justicia y el negocio del agua. Ni la primera ha sido ciega ni el segundo transparente. Resulta que dos magistrados que debían dirimir sobre el conflicto por los macrocontratos de la privatización de ATLL tienen vínculos con Agbar (El País, Cataluña, 23/06/2013). Uno de ellos, Joaquín José Ortíz, a su vez imputado por el caso ITV, decidió inhibirse por sus estrechas relaciones con Agbar; sobre el otro, Eduardo Paricio Rallo, Acciona pidió la recusación porque había participado en el seminario de Agbar, aunque la petición no prosperó. En 2012 la Generalitat, en la mayor operación privatizadora, adjudicó a Acciona la explotación de la ATLL; una decisión que, como se ha dicho, ha recibido continuos varapalos judiciales y que un órgano de control de la Generalitat, el Organismo Administrativo de Recursos Contractuales (OARCC), había desaconsejado por cuanto Acciona no cumplía alguno de los requisitos y recomendaba en consecuencia que fuera Agbar la beneficiaria. En su intento por hacer frente al auto que obligaría a revocar la adjudicación Acciona ha movido todos los resortes, entre ellos la recusación del juez Eduardo Paricio, aduciendo que el magistrado había participado en un seminario organizado por la Fundación Agbar. Paricio no se ha apartado del caso y cree que su invitación al seminario obedece a una resolución suya de 2010.
MUCHAS DE LAS SENTENCIAS DE LOS TSJ HAN SIDO FAVORABLES A AGBAR Y CONTRARIAS A LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y DEL SUPREMO, QUE CONSIDERAN LAS TARIFAS DEL AGUA COMO TASAS Y NO COMO PRECIOS
Para hermeneutas freudianos aquella resolución –la sentencia 298/2010 del Juzgado Contencioso Administrativo n.º 12 de Barcelona– señalaba a propósito de Agbar que “la gestión del servicio de abastecimiento de aguas en la ciudad de Barcelona era ilegítima”, y en consecuencia “el precio que cobra la compañía a los ciudadanos de Barcelona es ilegal”. Posteriormente, en enero de 2012, Eduardo Paricio aparece como relator del libro de autoría múltiple El precio del agua. Aspectos jurídicos y financieros en la gestión urbana del agua en España, editado por la Fundación Agbar[10]. El mismo juez firmó una interlocutoria que anulaba la privatización de la empresa pública ATLL contra Acciona y el propio gobierno de CiU, con la previsión que se hiciera cargo de la gestión Agbar. Finalmente, es el juez que ha dictado esta sentencia de anulación[11]. Paricio atribuye la adjudicación de la autoría del libro a los editores y no aclara si cobró por aquellas jornadas de las que resultó el libro. Añadió que para un observador no interesado no puede deducirse una relación de colaboración y amistad con Agbar y que por tanto no se ve condicionada su independencia. El magistrado del caso aceptó estos argumentos y desestimó la petición de Acciona para recusarle. El asunto ha destapado otros posibles apaños acuáticos. Aqualia pregunta si el desistimiento de Ortiz por su relación con Agbar es anterior a estos cursos y si podría haber influido en dos sentencias del juez en las que Aqualia perdió contratos en Torredembarra y El Vendrell a favor de Sorea, del grupo Agbar. Agua va.
Precipitaciones
Se recogía más arriba el dato de que el 56% de la factura de Agbar no tiene que ver propiamente con el servicio del agua y este es un detalle de interés para la última fase del ciclo –el de la condensación o acumulación–, en el que tienen un destacado protagonismo las instituciones financieras, el estandarte de la economía neoliberal. El papel de la Caixa, accionista destacada de Agbar, es aquí fontal. La fase anterior del ciclo, la evaporación, tiene que ver con la procedencia de ese 56%, con las prácticas extractivas propias de la economía de la oferta. Aquí encontramos igualmente piezas representativas de la economía liberal en la que los recursos del Estado de bienestar han venido, por una parte, a sustituir al ladrillo como fuente de beneficios y, por otra, a pagar los platos rotos en aquella burbuja; por ejemplo, el rescate bancario[12]. La fase siguiente tiene que ver con el uso de los recursos acumulados –precipitación–. Una parte de ellos remontan a los accionistas, como en la economía convencional, pero otra parte se dedica a otras funciones encaminadas a asegurar el caudal de liquidez en el ciclo. Voy a señalar aquí tres destinos principales, muy propios de la economía postmoderna emparentada con la burbuja cognitiva de la posverdad y los hechos alternativos.
- Compra de imagen
En mayo de 2012, con motivo del primer aniversario del 15-M, un grupo de indignados protesta frente a la sede de la Caixa con cacerolada y pancartas con consignas como: “No más tóxicos. Que nos devuelvan nuestro dinero” o “La Caixa es Mordor”, en referencia a la región oscura que habitan los malvados en El Señor de los Anillos. La prensa mayoritaria ignora la protesta, pese a que la entidad se vio obligada a tapar su logotipo en la torre de la Diagonal para evitar costes reputacionales. La persistencia de la inmaculada concepción del oasis catalán habría sido imposible sin este lavado de imagen a través de la lluvia fina de los medios.
“Si no puede evitar protestas, Fainé las silencia. Apenas hubo eco de las protestas del 15-M en la Diagonal y de la cadena anticapitalista del 11-S. Lo que fue censura total en La Vanguardia apenas se relajó en otros medios. Eficaz apagón informativo aplicado también sobre el nombre de la “entidad bancaria nacional” que facilitó la opaca transferencia de 1,2 millones de euros del Rey a su hija Cristina para la hipoteca de la casa de Pedralbes”. (Marc Andreu, “Estrella supernumeraria”, Tinta Libre, 08/10/ 2013)
EL CONTROL INDIRECTO DE LOS MEDIOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS ACREEDORAS ES UN DATO CENTRAL PARA ENTENDER EL DESISTIMIENTO CIUDADANO –LA SERVIDUMBRE VOLUNTARIA– ANTE EL EXPOLIO GENERALIZADO DE SUS DERECHOS
Pero los tentáculos de la Caixa van más allá del grupo Godó, integrado por La Vanguardia, Rac1 –la cadena de radio líder de audiencia en Cataluña– y el canal 8tv. El conde Javier Godó es vicepresidente segundo de la Caixa y consejero de Caixabank. La Caixa es a su vez el mayor acreedor del grupo Zeta, editor de El Periódico y las revistas Tiempo e Interviú. El tercer gran bloque de influencia es a través del grupo Prisa, propietario de El País –HSBC, la Caixa y Santander son accionistas–, Cadena Ser, Huffington Post y Cinco Días. El control indirecto de los medios por las entidades financieras acreedoras es un dato central para entender el desistimiento ciudadano –la servidumbre voluntaria– ante el expolio generalizado de sus derechos: los encargados de dar información sensible tienen intereses superiores que les obligan a callarla. Es una paradoja el bajísimo coste político de la corrupción en relación al daño que causa: aquí reside una parte principal de la explicación de ese fenómeno funesto. Sería interesante en este punto contrastar el balance hidrofinanciero con el etnopolítico; la circulación del flujo de liquidez del primero con la supuesta plantilla de los agravios del segundo.
- Compra de derecho
Ahora el modelo es Banca Catalana. Un caso que ilustra la confluencia de togas de oro, algunas luego en la cárcel por comportamiento mafioso, con una sentencia absolutoria de un tribunal que hoy sabemos que no debería haberlo sido; la connivencia/colusión de las caras privada y pública del derecho. Por una parte, las grandes corporaciones se hacen con los servicios de los mejores bufetes de abogados y consultores que, por así decir, les escoltan, a lo largo de todo el ciclo (o el curso). Primero elaboran informes favorables a la liberalización/privatización con los que justificar decisiones en esa dirección; luego asesoran en la elaboración de los contratos; por fin, cuando aparecen prácticas ilegales, se aprestan a defender a sus ejecutores. Los excedentes de beneficio (una expresión no homologada) se canjean por este tipo de servicios; por eso los profesionales dedicados a ellos figuran entre los mejores pagados. Mucho mejor desde luego que los funcionarios públicos. Cuando se llega al extremo de que la parte se convierte no ya en juez sino en instructora de jueces, como acredita el convenio marco, el ciclo del agua se precipita en una cascada de impunidad.
- Compra de voluntades
Los dos apartados anteriores se inscriben en el rubro del mantenimiento, están encaminados a asegurar la subsistencia de las entidades gestoras. Pero el ciclo requiere la renovación continua. Para esto hacen falta funciones de tarea, funciones que corresponden a conseguidores o ‘abrelatas’ dispuestos a facilitar el acceso al goloso abrevadero. A su vez, estas figuras, colocadas estratégicamente, necesitan ser engrasadas. Masajes, balnearios, jamones, relojes, viajes y otras primas menos confesables moldean las voluntades y ablandan las decisiones. Con eso volvemos a la anécdota inicial. Los ‘abrelatas’ funcionaron, las concesiones tuvieron lugar y a algunos de los responsables les ha salido más gratis, valga la extraña expresión, que lo que denunciaba la consejera catalana en la inauguración de los cursos a los jueces.
Porque el régimen de precipitaciones no afecta solo a los individuos, también a los partidos. La Caixa condonó en 2004 6,57 millones de euros en créditos al PSC y 2,7 a ERC. Así empezó el tripartito, del que el economista Antoni Serra Ramoneda dice que nada hacía “sin antes hablar con Fainé”, quien “desayunaba todos los lunes” con el consejero de Economía. “Desde que CiU gobierna la Generalitat, ni eso necesita” (Marc Andreu, Tinta Libre, 08/10/2013).
LOS MEJORES BUFETES DE ABOGADOS Y CONSULTORES ELABORAN INFORMES FAVORABLES A LA PRIVATIZACIÓN; LUEGO ASESORAN EN LA ELABORACIÓN DE LOS CONTRATOS; POR FIN, CUANDO APARECEN PRÁCTICAS ILEGALES, SE APRESTAN A DEFENDER A SUS EJECUTORES
La hidrología política es una disciplina con futuro en el esquema neoliberal, del que el paisaje catalán es un buen exponente. Tenemos aquí un doble trasvase: de recursos en la dirección público-privado –fase extractiva, de oferta–, y de control en la dirección contraria –fase manipulativa, de demanda–. Este es el rasgo distintivo de la economía neoclásica, en el que el eje de la soberanía material ha sido desplazado desde el ágora a los fondos de inversión. La compra de voluntades es el nicho más rentable de la economía especulativa, asegurado por la irrelevancia a que han sido reducidas buena parte de las fuerzas de la izquierda. El Estado de bienestar se ha convertido en víctima de las prácticas depredadoras de las élites extractivas. Volvemos con ello a la idea de laboratorio: Agbar es una suerte de buque insignia de la nueva economía del emprendedurismo, postmoderna y postdemocrática.
Es ciertamente integral, pues comprende el ciclo completo, que abarca desde la impunidad –¿precocinada por los cursos a jueces?– al acondicionamiento de voluntades –‘abrelatas’– y la eufemística o inexistente presentación de los hechos turbios en los medios concertados. Agbar/La Caixa juegan así con ventaja en todas las fases del ciclo.
La remunicipalización: exigencia social y necesidad democrática
Precisamente por su condición de modelo la hidrocorrupción no es un hecho diferencial; el caso Acuamed, que bien merece un capítulo monográfico, muestra una vez más las constantes transterritoriales de ciertas lógicas del funcionamiento político-financiero. Por cierto, su director general, Francisco Javier Baratech, ha admitido que, pese a que FCC cobró 190 millones de euros de fondos públicos para limpiar el embalse de Flix (Ribera de Ebro), los trabajos de descontaminación no se completaron y cerca de 80.000 metros cúbicos de lodos tóxicos permanecen sumergidos. Dicho de otro modo: la cuenca política del negocio del agua desborda generosamente la cuenca hidrográfica del Ebro. 1.000 km separan la desembocadura del Ebro de El Ferrol. Desde allí un titular: “Florentino Pérez (ACS) se llevó más de 20 millones con la depuradora de Ferrol que no funciona” (galicia.economiadigital.es, 29/08/2015). Urbaser es la marca para la gestión del agua de ACS, controla el 49% de EMAFESA, Empresa Mixta de Aguas de Ferrol (el 51% restante corresponde al municipio). El gobierno local comprobó que la estación depuradora (EDAR) vertió al mar las aguas sin depurarlas durante un año (eldiario.es/Galicia, 01/09/2015). También varios municipios se quedaron sin agua potable por contaminación.
La fiscalía archivó el caso al entender que no se puso en peligro la salud de los ciudadanos. El alcalde de El Ferrol declaró que lo sucedido permitía “abrir una nueva vía” para la remunicipalización. Esta es la palabra. Entre El Ferrol y Tarrassa hay 1.100 km. En Tarrasa, más de 3.000 personas, con el alcalde al frente, se manifestaron para reclamar la municipalización del agua el 19 de marzo último. Apenas el 20% de los municipios catalanes conservan la gestión pública. Poco a poco la idea de la municipalización, tan de sentido común, se va abriendo camino. La gestión municipal permite inversiones que no hace el sector privado y a menudo reduce la tarifa a los usuarios, como en París donde bajó un 8%. Pero además elimina uno de los veneros más poderosos para la corrupción política, un fenómeno cuyo coste es difícilmente evaluable. Porque las válvulas giratorias son de doble dirección. El dinero puede ablandar voluntades políticas (casos citados), pero la voluntad política puede intercambiarse por dinero.
Volvamos a la privatización de ATLL. Dos semanas antes de las elecciones del 25 de noviembre de 2012, tiene lugar el Congreso del Instituto de Empresa Familiar (IEF). La presidencia pasa de José Manuel Lara a José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona. El IEF había previsto realizar una declaración contra el soberanismo, algo que preocupaba a Mas en vísperas electorales. De modo que este anima a Acciona a presentarse al concurso para la adjudicación de ATLL, que la Generalitat se disponía a privatizar de inmediato. Hasta ese momento, las apuestas favorecían a Societat General d’Aigües de Barcelona (SGAB, Agbar), 75% de Suez y 24% de Criteria. Parece que los enjuagues también han irrigado la flora del procés. En las dos direcciones: Acciona ocupa el número 28 –pero es de las recién llegadas, su contribución empieza en 2013– entre la lista de los mayores 100 donantes a la fundación de CDC entre 2008 y 2013 (Oriol Güell, El País, 14/09/2015).
Agbar ocupa el primer lugar –significativamente sin donaciones en 2013, el año tras la privatización de ATLL–, y le acompañan entre las más generosas la Fundación ACS o FCC, entre las constructoras con intereses en el agua[13]. En el año 2013, Acciona comparte la cuarta posición lugar junto con el Grupo Soler y Pujol Excavaciones. A lo mejor la querencia de Artur Mas por las metáforas náuticas no es agua de borrajas. La privatización fue aprobada por un gobierno en funciones y su anulación por el TSJC tendrá un coste superior a los 300 millones. Como leemos en El Triangle (14/12/2016), “la privatización de ATLL es una espada de Damocles sobre las precarias finanzas de la Generalitat”. Y para subir de la letra a la música: Acciona es una de las empresas del Ibex 35 que tiene más filiales radicadas en paraísos fiscales: 40, según el último informe presentado en la CNMV. Por eso, el agua (como la sanidad, la educación y la justicia) se sitúa en el ámbito de lo que el mercado no debería poder comprar, según la fina fórmula del politólogo Michael J. Sandle.
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Martín Alonso Zarza es doctor en Ciencias Políticas y autor de No tenemos sueños baratos”. Una historia cultural de la crisis. Anthropos.
Fernando Urruticoechea Basozabal es economista e interventor municipal.
Notas:
- Agbar pasó al grupo francés Suez Environnement en 2014. Según un comunicado de prensa de Criteria (18/07/2014), este grupo inversor de La Caixa se convertirá en el segundo accionista con el 15% de las acciones de Aigües de Barcelona (70% Agbar y 15% AMB). Suez Environnement, ahora Suez Spain, cuenta con una plantilla de 80.000 trabajadores repartida por los cinco continentes. En cualquier caso, para el objeto de este escrito el asunto de la propiedad es prácticamente irrelevante, lo que importa son las prácticas.
- La jueza del caso Aquagest ha imputado a otros políticos asturianos, de los cuales cinco alcaldes y trece concejales por viajes pagados (El Diario Vasco, 06/03/2015). De los veintitrés imputados en el caso, no todos asturianos, veinte seguían activos en política. En 2013, según la propia compañía, Aquarbe prestaba servicio en Cantabria a los municipios de Santoña, Camargo, Los Corrales de Buelna, San Felices de Buelna, Val de San Vicente y Astillero. La mayoría en manos del PP, también alguno del PSOE y del PRC; el propio Diego había sido alcalde de Astillero 11 años. Desde este municipio escribía Leticia Martínez en su Facebook el 20 de mayo de 2015: “[…] Aquarbe, la actual concesionaria del servicio de agua de Astillero, es la que ha denunciado al Ayuntamiento de Astillero. Aquarbe considera que los pagos realizados de manera anticipada, como es el pago de balnearios a Ignacio Diego, el importe del contrato, etc., no han sido resarcidos de igual manera en su cuenta de resultados. Ellos tampoco contaban con la crisis y su cálculo de beneficios se ha visto mermado de modo considerable y ahora quieren que seamos los vecinos los que sigamos pagando. Lo cierto es que a los vecinos nos han subido la factura del agua por encima del IPC. Lo cierto es que la calidad del agua que recibía la mitad de la población era agua con demasiada cal, lo que ha llevado a un gasto en reposición de electrodomésticos muy elevado. Lo cierto es que los que pagamos y lo seguiremos haciendo somos los vecinos de Astillero. Lo cierto es que los perjudicados somos nosotros, los que pagamos las facturas y los impuestos”. En la publicidad corporativa la frase de presentación de Aquarbe dice: “La excelencia al servicio de todos nuestros clientes”. La observación de la usuaria de Astillero se corresponde con una alegación presentada por la empresa al ayuntamiento de Los Corrales de Buelna solicitando la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por el suministro de agua y por la prestación de los servicios de alcantarillado. En un pleno celebrado el 27 de noviembre de 2014 el ayuntamiento desestimó la petición. Acaso ayudó el conocimiento de los lujos gratuitos del presidente regional. Por otro lado, la denuncia de la mala calidad del agua había aparecido recurrentemente en los medios (El Diario Montañés, 29/05/2013). Y para comprender la tolerancia a la corrupción, conviene saber que a Ignacio Diego no le castigó la justicia; tampoco su partido, el PP. De modo que este diario regional podía titular al cabo del caso (28/01/2016): “Diego gana confianza en Madrid”. Hay que añadir que Diego estaba al frente del partido en Cantabria cuando salieron a la luz los papeles de Bárcenas –senador por Cantabria, recuérdese– que mostraban que habían llegado a la sede montañesa 90.000 euros de la caja B. Pero volviendo a Astillero, cuatro meses después del fin de semana de lujo, el ayuntamiento aceptó la subrogación del contrato de agua que tenía por concurso Aguas del Norte (ANSA) desde 1988. Aunque ANSA fue absorbida por Aquagest el cambio de titularidad habría obligado a una reconsideración de la concesión, lo mismo que cuando Aquagest pasa a denominarse Aquarbe (Gente de Santander, 12 al 22/12/2014).
- Asturias también merece un excurso. Hola calificó como boda del año la celebrada en 2013 en los Caputxins de Sarrià para Magalí Fainé –hija de Isidro Fainé, presidente de la Caixa y accionista de peso en Agbar; de tanto peso que su hijo Ignasi es allí director de Reputación y RSC–, y que contó con una nutrida representación de la alta sociedad, del president Mas a Godó. Para la de Xavier, cuatro años antes, Isidro eligió la catedral de Oviedo que acogió a más de 600 invitados, de los duques de Palma –la Caixa no está lejos del caso Noos, aprovechando este Pisuerga– a Miquel Roca, Rodrigo Rato, Florentino Pérez (ACS), Juan Antonio Samaranch o Juan Luis Cebrián. El cóctel y la cena en el Hotel La Reconquista. Para un recorrido por “la estrella supernumeraria”, es muy recomendable el reportaje de Marc Andreu con ese título (TintaLibre, octubre 2013). No sabemos si entre los invitados de Oviedo se encontraba Henry Laíño. Esta figura merece reconocimiento por su aportación a la lexicología de la corrupción: designaba a los políticos contratados-compinchados como “abrelatas”, porque eran los encargados de “abrir puertas” con las administraciones (El Faro de Vigo, 18/02/2014). Es la figura del ‘conseguidor’, persona con tentáculos en los ayuntamientos o militantes de un partido que hacían de intermediarios a favor de las empresas a la caza de contratos.
- Carles Escolano, Eloi Badia, Jaume Delclòs y Lidia Serrano, “Cataluña”, en el informe de ATTAC, La privatización de los servicios públicos en España, mayo 2012: 28-30.
- Para completar este dato: Salvador López Arnal, “El intento de privatización (antidemocrática) del agua por el gobierno de los mejores privatizadores”, Rebelión, 06/11/2012.
- Roser Bach es la esposa de Germà Gordó, nombrado por Mas en diciembre de 2010 secretario del Govern de la Generalitat de Catalunya, y dos años más tarde conseller de Justícia de la Generalitat. Desde enero de 2016 es presidente de la Comisión de Justicia del Parlament. En marzo de 2017 la Fiscalía Anticorrupción le vincula con la trama del 3%. Se le atribuyen los delitos de soborno, tráfico de influencias, prevaricación, financiación ilícita, blanqueo de capitales y malversación de fondos públicos. Gordó nos devuelve a la firma del convenio marco por la vía de Ramón Camp, y de la trama del 3% por la del empresario Josep Manel Bassols. En una carta intervenida a Bassols este pretendía poner en conocimiento de Mas “la situación de su cónyuge que estaba interesada en ‘un cambio de puesto de trabajo’”. Mencionaba como persona de contacto al diputado de CiU Ramón Camp i Batalla, entonces vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según el sumario, Camp i Batalla le comentó que estaba en contacto con el exconseller de Justicia y exsecretario del Gobierno de Cataluña, Germà Gordó, y se refirió a él como “a persona ideal”. “Entre los dos resolveremos la situación”, dijo según reflejan documentos que obran en la causa. El empresario consideraba a Gordó –al que la Fiscalía Anticorrupción califica como “el conseguidor o el recaudador” de presuntas comisiones ilegales pagadas por constructoras a CDC a cambio de concesiones de obras públicas– como la única persona de CDC que había respondido a sus ruegos (Informativos Telecinco, 10/03/17). Gordó forma parte del pinyol, el núcleo duro que aupó a Mas al liderazgo de CDC; formación de la que fue gerente durante la travesía del desierto de Mas. También fue secretario general de Associació Catalana de Municipis y formaba parte del círculo íntimo del hermano mayor de los Pujol. Viene a cuento una anécdota contada por Francesc-Marc Álvaro (Ara sí que toca! Jordi Pujol, el pujolisme i els successors, Barcelona, Edicions 62, 2003, p. 206):
“‘—Escolteu, escolteu! Us estic mirant i ¿què veig? Tu ets cap de gabinet, i tu també. I tu ets director general, i tu diputat, i tu sotsdirector general, i tu regidor, i tu cap de servei, i tu cap de gabinet… Escolteu bé: nosaltres, els que estem aquí reunits, d’aquí a deu anys hem d’estar dirigint aquest país. Per collons hem de guanyar i estar dirigint aquest país. Vull que us ho poseu al cap’.
Qui ha passat llista i qui parla així de dicidit davant de tots és Germà Gordó”.
Así como la relación familiar de Bach con Gordó no quiere decir que la primera tenga que ver con los posibles enjuagues del segundo es más difícil defender la distancia entre Gordó y Camp, pues ambos son militantes significados de CDC. Camp fue secretario general de las juventudes de CDC y ha sido diputado en el Parlament y en el Congreso antes de ser vocal del CGPJ. El 25/10/2013, con motivo del Día de la Justicia, Mas, acompañado del consejero del ramo Germà Gordó, entregó medallas de honor por sus servicios excepcionales a cuatro juristas, entre ellos los dos firmantes del convenio con Agbar, R. Camp y F. V. Azón. Gordó, exgerente de CDC llevó la iniciativa en el proceso de privatización de ATLL.
- La Fundación Nueva Cultura del Agua, de cuya web procede esta noticia es una referencia obligada en este terreno.
- Un mes después la consejera era la invitada del Fórum Europa. Tribuna Catalunya (21/10/2011) en un desayuno informativo patrocinado por Assistència Sanitària, Agbar y Red Eléctrica de España; esta última en un 20% participada por el organismo público SEPI. Tras dejar el cargo –la sucedió Germà Gordó– fue contratada por Ernst & Young para dirigir la división legal de esa consultora en Cataluña. No hace falta añadir glosas.
- “Cómo ganar la batalla del agua”, Atlántica XXII, septiembre 2014. Este artículo, así como en “El abastecimiento de agua potable a domicilio, un servicio público y municipal en el que no cabe el lucro”, proporciona una batería de argumentos jurídicos que constituyen un complemento técnico al enfoque sociológico de este trabajo.
- Como coordinador figura Santiago Milan del Bosch y Jordán de Urríes. El libro es el volumen primero de la colección Derecho de Aguas; le siguieron otros tres volúmenes correspondientes a los años del convenio: Aigua: legislació i justicia (2013), La contractació en el sector de l’aigua (2014) y III Foro de Derecho de Aguas (2015). Pese a la cancelación del convenio, en la página institucional leemos que “El Foro de Derecho de Aguas se creó en el año 2011 por iniciativa del Consejo General del Poder Judicial y la Fundación Agbar, como un punto de encuentro periódico centrado en el pensamiento y la reflexión multidisciplinar, con el fin de ampliar el conocimiento, contribuir al desarrollo de la doctrina jurídica y facilitar la unificación de criterios en materia medioambiental, y, sobre todo, en el ámbito del agua. El Foro de Derecho de Aguas constituye la primera iniciativa de este tipo en Europa, donde hay una realidad normativa muy diversa y compleja, desde la legislación local hasta la comunitaria. Mediante sus actividades de estudio y divulgación, el Foro se ha consolidado como un referente esencial en estas materias”. Subrayable el orgullo de la innovación.
- Para las posiciones de Paricio: Àlex Font, “Un dels jutges de la 'guerra de l'aigua' va escriure un llibre finançat per Agbar” en Ara, 01/04/2013.
- Pero hay antecedentes que remiten a unas ventajas otorgadas a la burguesía catalana ya en tiempos del franquismo y que no fueron después subsanados sino utilizados en la dirección de la privatización. El lector puede encontrar los pormenores del proceso en la Sentencia 126/2016 (09/07/2016) de la Sala de lo Contencioso Administrativo, sección quinta del TSJC, especialmente pp. 13-22.
- A finales de 2012, solo cuatro semanas antes de las elecciones autonómicas catalanas, filiales de Agbar/Aquagest de Murcia, Alicante y Valladolid ingresaron cantidades a CDC dentro de la trama del 3%. De manera que, como titula La verdad (27/02/2017), “el dinero de la factura del agua de los murcianos pagó la campaña electoral independentista de CDC”.
Para comprender la trascendencia de la semejanza entre España y el Perú, recomendamos la cita textual de las palabras del actual presidente del Poder Judicial del Perú cuando era responsable de la Oficina de Control de la Magistratura OCMA, José Lecaros, y todo cuanto se referencia en
[PDF] Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) del Perú
www.cita.es/oficina-control-magistratura.pdf
también en el correo electrónico publicado en www.miguelgallardo.es/ocma
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS
Atn. Superintendente Eco. Iván Lucich Larrauri
Solicitud publicada en www.cita.es/sunass-transparencia.pdf
ya enviado en http://www.miguelgallardo.es/ivan-lucich-larrauri-sunass/
https://twitter.com/miguelgallardo/status/1159512507750522880
Más información y referencias del responsable de esta solicitud:
Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf